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La causa que se le sigue al hoy senador Víctor Bernal por corrupción en
Itaipú está totalmente paralizada hace ocho meses. La razón es que el
camarista Agustín Lovera Cañete retrasa con excusas su preopinión sobre
la apelación presentada por el acusado al pedido de su desafuero.
Lovera es “casualmente” el candidato que obtuvo la mayoría en el Senado
para integrar la Corte Suprema de Justicia. No se sabe si Lugo dará su
acuerdo al nombramiento ni cómo se debe proceder en caso de que no lo
haga.
El ex director de la Itaipú fue imputado por el despilfarro de los fondos sociales de Itaipú durante su gestión como director.
Si bien la causa es por un monto irrisorio (G. 380 millones) y el fiscal del caso Gustavo Gamba fue apartado por un escándalo de “coima”, es un proceso penal abierto que jamás tuvo su curso normal.
La “manito” al parlamentario se dio desde el principio, cuando la jueza Patricia González optó alevosamente por dar una copia del pedido de desafuero que debía ir a al Senado, a la defensa de Bernal, para que los abogados instantáneamente apelen el 18 de diciembre de 2008.
El recurso es a todas luces improcedente, ya que la acción penal la tiene el Ministerio Público, que reúne los elementos para imputar a una persona.
El expediente literalmente durmió durante la feria judicial de enero en el despacho de la magistrada González, quien solo en febrero subió a la Cámara el caso.
En segunda instancia, el senador se encontró con una sala “amiga” y a su medida, la Tercera. Allí se dio una situación inaudita y hasta absurda: Una “guerra” abierta entre los camaristas Natividad Meza y Lovera Cañete, que llegó a la propia Corte, por negarse a preopinar.
Lovera Cañete cuestionó que ante la inhibición del tercer integrante, José Waldir Servín, la presidenta de la sala, Meza, le pasó el expediente para que emita su voto sin siquiera integrar la Sala. Elevó a modo de “consulta” el caso a la Sala Penal y Alicia Pucheta, ordenó un sumario.
La auditoría concluyó que Meza procedió erróneamente al no cumplir con el artículo 421 del CPC, ya que debía remitir el expediente al presidente de la Sala que le sigue en turno, Arnulfo Arias, quien aceptó integrar. Luego Meza se apartó tras integrar la Corte y hacer lugar a recusaciones contra los fiscales Carlos Arregui, Rocío Vallejo y Arnaldo Giuzzio, en el caso propaganda electoral de la ANR con fondos sociales.
El camarista Luis María Benítez Riera aceptó integrar la Sala y, junto con Arias, espera la preopinión de Lovera. Este, sin embargo, se niega a hacerlo y dice que aguarda una resolución “administrativa” de la Superintendencia de la CSJ sobre la consulta emitida ya el 17 de febrero.
El ex director de la Itaipú fue imputado por el despilfarro de los fondos sociales de Itaipú durante su gestión como director.
Si bien la causa es por un monto irrisorio (G. 380 millones) y el fiscal del caso Gustavo Gamba fue apartado por un escándalo de “coima”, es un proceso penal abierto que jamás tuvo su curso normal.
La “manito” al parlamentario se dio desde el principio, cuando la jueza Patricia González optó alevosamente por dar una copia del pedido de desafuero que debía ir a al Senado, a la defensa de Bernal, para que los abogados instantáneamente apelen el 18 de diciembre de 2008.
El recurso es a todas luces improcedente, ya que la acción penal la tiene el Ministerio Público, que reúne los elementos para imputar a una persona.
El expediente literalmente durmió durante la feria judicial de enero en el despacho de la magistrada González, quien solo en febrero subió a la Cámara el caso.
En segunda instancia, el senador se encontró con una sala “amiga” y a su medida, la Tercera. Allí se dio una situación inaudita y hasta absurda: Una “guerra” abierta entre los camaristas Natividad Meza y Lovera Cañete, que llegó a la propia Corte, por negarse a preopinar.
Lovera Cañete cuestionó que ante la inhibición del tercer integrante, José Waldir Servín, la presidenta de la sala, Meza, le pasó el expediente para que emita su voto sin siquiera integrar la Sala. Elevó a modo de “consulta” el caso a la Sala Penal y Alicia Pucheta, ordenó un sumario.
La auditoría concluyó que Meza procedió erróneamente al no cumplir con el artículo 421 del CPC, ya que debía remitir el expediente al presidente de la Sala que le sigue en turno, Arnulfo Arias, quien aceptó integrar. Luego Meza se apartó tras integrar la Corte y hacer lugar a recusaciones contra los fiscales Carlos Arregui, Rocío Vallejo y Arnaldo Giuzzio, en el caso propaganda electoral de la ANR con fondos sociales.
El camarista Luis María Benítez Riera aceptó integrar la Sala y, junto con Arias, espera la preopinión de Lovera. Este, sin embargo, se niega a hacerlo y dice que aguarda una resolución “administrativa” de la Superintendencia de la CSJ sobre la consulta emitida ya el 17 de febrero.